Las organizaciones ambientales demandan justicia gratuita para poder defender el medio ambiente

La reforma  de Alberto Ruiz Gallardón dificulta el trabajo de las organizaciones ambientales y facilita que los crímenes ambientales queden impunes. -Foto AsturiasVerde.com-

Los Grupos Ambientales asturianos abajo firmantes hemos solicitado a la "Procuradora General de Asturias" que traslade a la "Defensora del Pueblo de las Cortes Generales" una petición de revisión de las actuales condiciones de acceso a la justicia gratuita para los grupos ambientales, apoyando idéntica petición de otras instituciones similares como el "Defensor del Pueblo andaluz".
La actual reforma legislativa ha generado un importante cambio al entrar en vigor la Ley 10/2012, de 20 de Noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses  (en lo sucesivo, LTAJ), dificulta de forma importante el acceso a la justicia a los grupos ambientales, haciéndolo en algunos casos inviable.
Sin embargo, este Esta situación no ha cambiado tras la modificación de la LTAJ efectuada, y la intervención realizada por la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, por el Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de Febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, por más que haya supuesto una importantísima reducción de la cuantía de las tasas de acceso a la Administración de Justicia en determinados supuestos e, incluso, haya contemplado su no exigencia en función de la naturaleza del proceso.
Por otro lado, el actual Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita contempla los supuestos a los que se pueden acoger determinados beneficiarios de la misma en términos, en lo que aquí concierne, muy semejantes a como está previsto en la legislación actual, ya que el art. 3, aptdo. 5, del mencionado Anteproyecto de Ley establece que «Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a las personas jurídicas mencionadas en el apartado c) del apartado 1 del artículo anterior, cuando careciendo de patrimonio suficiente el resultado contable de la entidad en cómputo anual fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del indicador público de renta de efectos múltiples».
A la vista de todo ello, creemos necesario que la Procuradora General  presente queja de oficio  a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales para trasladarle nuestra muy seria preocupación por el retroceso sobre el camino ya andado que, a  nuestro juicio,  supone el que se impongan determinadas tasas judiciales al acceso a la justicia a quienes han demostrado, ya, una gran eficacia en la defensa del derecho a un medio ambiente adecuado para toda la ciudadanía, tal y como han hecho las asociaciones ecologistas hasta la entrada en vigor de la LTAJ.
De acuerdo con ello y desde esa preocupación y certeza de que va a quedar debilitada la posibilidad de acceder a la justicia de estas asociaciones al tener que abonar las tasas correspondientes, según los litigios, también queremos solicitar a la Defensora su colaboración para que, si lo considera oportuno, se estudie proponer una modificación, ya sea de la LTAJ o, si lo considera más conveniente, del Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, destinada a que se contemple una previsión en ese sentido, con objeto de que puedan acogerse a las exenciones de tasas judiciales contempladas en la LTAJ aquellas asociaciones de utilidad pública previstas en el art. 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, que tengan por finalidad la defensa del medio ambiente.
En suma, se trataría de dar, a estos efectos, un mismo tratamiento a las personas jurídicas sin ánimo de lucro que tengan por finalidad de su constitución la protección del derecho reconocido en el art. 45 CE, que el que se prevé dispensar a quienes se encuentran en los supuestos contemplados en el apartado 3 del art. 2 del Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Creemos necesario que la Procuradora General traslade a la Defensora del Pueblo esta justificada petición, para que, de esta forma, se garantizará que las asociaciones ambientales podamos seguir defendiendo los intereses ambientales  en la defensa de ese derecho y podamos seguir haciéndolo en los tribunales:
Suscriben las siguientes entidades:
- Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
- Colectivo Ecologista de Avilés
- Asociación para la Defensa Jurídica del Medio Ambiente-ULEX
- Asociación Verdes Asturianos
- SOS Cuideiru
- Asociación medioambiental la Cirigueña
- Grupo de Ornitología Mavea
- Plataforma por la Defensa de la Cordillera Cantábrica
- Asociación Conservación Lobo Iberico-Ascel
- Asociación Ereba, Ecología y Patrimonio
- Asociación Medioambiental Ecos Astures
- Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza-ANA
- Instituto para la Calidad y la Educación Ambiental-INSCEAM
- Asociación Salvemos los territorios del Bajo Navia-SALTERNAVIA
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