Ecologistas presentan alegaciones a la insostenible Ley de Sostenibilidad y Protección Ambiental del Principado de Asturias

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La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies presentó alegaciones a la Ley de Sostenibilidad y Protección Ambiental del Principado de Asturias sometida a consultas públicas. Esta Ley tiene que ser el futuro marco legal para temas ambientales, una Ley que casi todas las regiones españolas desarrollaron hace varios año, pero Asturias no; a pesar de que ya intento derogar por la puerta falsa el RAMINP hace años para colar la planta regasificadora y la depuradora del Pisón (ambas instalaciones en Gijón), los tribunales tumbaron estas trampas al no haber ley ambiental asturiana que lo sustituyera.

El Principado de Asturias aprueba el proyecto de Ley de Sostenibilidad y Protección Ambiental

Fuente: Nota de prensa del Gobierno del Principado de Asturias.

El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Sostenibilidad y Protección Ambiental, que simplifica trámites y acorta plazos para impulsar la actividad económica. El Principado de Asturias contará por primera vez con una ley general de medio ambiente. La normativa integrará los diferentes procedimientos ambientales. Dejará sin aplicación el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas del año 1961, que resultaba obsoleto y generaba inseguridad jurídica.

Enagás y el Ministerio recurren la sentencia que declaró la ilegalidad de la autorización de la regasificadora de El Musel

EQUO informa que tanto Enagás como el Ministerio han recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaró la ilegalidad de la autorización de la regasificadora de El Musel. EQUO formulará alegaciones para que el Tribunal Supremo no admita a trámite el recurso.

Las organizaciones ambientales demandan justicia gratuita para poder defender el medio ambiente

La reforma  de Alberto Ruiz Gallardón dificulta el trabajo de las organizaciones ambientales y facilita que los crímenes ambientales queden impunes. -Foto AsturiasVerde.com-

Los Grupos Ambientales asturianos abajo firmantes hemos solicitado a la "Procuradora General de Asturias" que traslade a la "Defensora del Pueblo de las Cortes Generales" una petición de revisión de las actuales condiciones de acceso a la justicia gratuita para los grupos ambientales, apoyando idéntica petición de otras instituciones similares como el "Defensor del Pueblo andaluz".
La actual reforma legislativa ha generado un importante cambio al entrar en vigor la Ley 10/2012, de 20 de Noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses  (en lo sucesivo, LTAJ), dificulta de forma importante el acceso a la justicia a los grupos ambientales, haciéndolo en algunos casos inviable.
Sin embargo, este Esta situación no ha cambiado tras la modificación de la LTAJ efectuada, y la intervención realizada por la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, por el Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de Febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, por más que haya supuesto una importantísima reducción de la cuantía de las tasas de acceso a la Administración de Justicia en determinados supuestos e, incluso, haya contemplado su no exigencia en función de la naturaleza del proceso.
Por otro lado, el actual Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita contempla los supuestos a los que se pueden acoger determinados beneficiarios de la misma en términos, en lo que aquí concierne, muy semejantes a como está previsto en la legislación actual, ya que el art. 3, aptdo. 5, del mencionado Anteproyecto de Ley establece que «Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a las personas jurídicas mencionadas en el apartado c) del apartado 1 del artículo anterior, cuando careciendo de patrimonio suficiente el resultado contable de la entidad en cómputo anual fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del indicador público de renta de efectos múltiples».
A la vista de todo ello, creemos necesario que la Procuradora General  presente queja de oficio  a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales para trasladarle nuestra muy seria preocupación por el retroceso sobre el camino ya andado que, a  nuestro juicio,  supone el que se impongan determinadas tasas judiciales al acceso a la justicia a quienes han demostrado, ya, una gran eficacia en la defensa del derecho a un medio ambiente adecuado para toda la ciudadanía, tal y como han hecho las asociaciones ecologistas hasta la entrada en vigor de la LTAJ.
De acuerdo con ello y desde esa preocupación y certeza de que va a quedar debilitada la posibilidad de acceder a la justicia de estas asociaciones al tener que abonar las tasas correspondientes, según los litigios, también queremos solicitar a la Defensora su colaboración para que, si lo considera oportuno, se estudie proponer una modificación, ya sea de la LTAJ o, si lo considera más conveniente, del Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, destinada a que se contemple una previsión en ese sentido, con objeto de que puedan acogerse a las exenciones de tasas judiciales contempladas en la LTAJ aquellas asociaciones de utilidad pública previstas en el art. 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, que tengan por finalidad la defensa del medio ambiente.
En suma, se trataría de dar, a estos efectos, un mismo tratamiento a las personas jurídicas sin ánimo de lucro que tengan por finalidad de su constitución la protección del derecho reconocido en el art. 45 CE, que el que se prevé dispensar a quienes se encuentran en los supuestos contemplados en el apartado 3 del art. 2 del Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Creemos necesario que la Procuradora General traslade a la Defensora del Pueblo esta justificada petición, para que, de esta forma, se garantizará que las asociaciones ambientales podamos seguir defendiendo los intereses ambientales  en la defensa de ese derecho y podamos seguir haciéndolo en los tribunales:
Suscriben las siguientes entidades:
- Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
- Colectivo Ecologista de Avilés
- Asociación para la Defensa Jurídica del Medio Ambiente-ULEX
- Asociación Verdes Asturianos
- SOS Cuideiru
- Asociación medioambiental la Cirigueña
- Grupo de Ornitología Mavea
- Plataforma por la Defensa de la Cordillera Cantábrica
- Asociación Conservación Lobo Iberico-Ascel
- Asociación Ereba, Ecología y Patrimonio
- Asociación Medioambiental Ecos Astures
- Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza-ANA
- Instituto para la Calidad y la Educación Ambiental-INSCEAM
- Asociación Salvemos los territorios del Bajo Navia-SALTERNAVIA

Video crónica manifestación en Gijón contra el maltrato animal y por el endurecimiento de las leyes

La manifestación finalizó con un acto en la plaza mayor -Foto Asturias Verde-

Crónica del día
En Gijón se celebró una de las numerosas manifestaciones que tuvieron lugar en diversas ciudades de España la noche del viernes 25 de marzo contra el maltrato animal y para reclamar el endurecimiento de las penas a los maltratadores.
Los ciudadanos y ciudadanas se han movilizados conmovidos por el caso Schnauzi. Se trata de la publicación en un blog el pasado 8 de febrero de un video que muestra la tortura hasta la muerte de un cachorro. El caso ha supuesto un punto de inflexión en gran parte de la opinión pública harta de ver como los maltratadores de animales realizan sus acciones con impunidad, ya que en el caso de ser capturado el responsable podría librarse pagando sólo una multa.
No hay que olvidar que existen cada vez más informes técnicos que advierten que el maltrato de animales es el primer paso hacia el maltrato a las personas e incluso hacia acciones criminales. Sirva de ejemplo que el FBI conoce la relación y la utiliza en la elaboración de perfiles de asesinos en serie.
Por todo ello los convocantes piden un el endurecimiento del Código Penal y por este motivo se organizaron decenas de manifestaciones en las ciudades españolas.
La de Gijón terminó frente al Ayuntamiento de Gijón, con un minuto de silencio en recuerdo de todos aquellos animales víctimas de los malos tratos.
Video crónica

El Ayuntamiento de Grado y las ordenanzas a medida de las actividades de gran impacto ambiental

Cantera de la Llera, en el concejo de Grado - Grau. -Foto Coordinadora Ecoloxista d'Asturies-

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies denuncia que el Ayuntamiento de Grado publica una ordenanza a medida para legalizar instalaciones de gran impacto ambiental.

Nota de prensa de la Coordinadora Ecoloxista
La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies ha solicitado al Ayuntamiento y la Comisión de Urbanismo Ordenación de Territorio de Asturias (CUOTA) , la nulidad de la Ordenanza urbanística reguladora del régimen de fuera de ordenación del Ayuntamiento de Grado, publicado en el Bopa del pasado día 12.
Esta ordenanza parece hecha a medida para legalizar las ilegales instalaciones de la cantera y plantas industriales que la empresa Catisa tiene en Llera, que ahora mismo no puede ser legalizadas.
Resulta evidente a nuestro juicio que se procedido al trámite de esta ordenanza cometiendo varias irregularidades que hemos denunciado y que resumimos:
- No se procedió a su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.
- A nuestro juicio es nulo de pleno derecho, por cuanto que es contrario tanto a las Normas subsidiarias de 1996 como al Plan Vigente, y por un principio de jerarquía normativa, la ordenanza no puede contradecir, ni modificar el régimen urbanístico establecido en el PGO. Debe citarse el art. 7 de este nuevo PGO, que dice:
Artículo 7.—Ejecutividad
1. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 103 del TRLS, este Plan será inmediatamente ejecutivo tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), en los términos del Artículo de la misma Ley.
- Por otra parte nada se dice de que se haya sometido a información pública y de ser así se ha hurtado un trámite esencial que lleva consigo la nulidad de pleno derecho.
- A ello debemos añadir que como aparecen regulados aspectos medioambientales de determinados usos o industrias, carece del informe de los organismos sectoriales, que es obligado en el trámite de coordinación administrativa establecido por el TROTU y constituye un fraude de ley, pretender la supervivencia de usos o actividades, que según el PGO no serian admisibles y sobre los que se debió pronunciar el órgano ambiental que examinó el PGO nuevo.
- No se observó, la obligación de evaluación ambiental de planes y programas.
Hay que recordar que todos los órganos competentes han manifestado la imposibilidad de legalizar la cantera de Llera en reiteradas ocasiones:
Así lo ha hecho la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA.
Así lo ha hecho la Consejería de Medio Ambiente
Así lo ha hecho la Confederación Hidrográfica.
Por todo ello esperamos que el Ayuntamiento rectifique y proceda a volver a tramitar adecuadamente esta ordenanza, para evitar las ilegalidades administrativas que contiene, sino que sea el Principado que obligue al Consistorio, sin renunciar la Coordinadora ha solicitar la responsabilidades administrativas de los autores de estas irregularidades.
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Medio Ambiente suspende en Asturias la caza menor de aves hasta el 17 de enero debido al mal tiempo

Sede de la Consejería de Medio Ambiente -Foto Asturias Verde-

La Consejería de Medio Ambiente suspende temporalmente la Caza Menor de aves en Asturias. El BOPA publica la resolución que regula el cese de la actividad hasta el próximo domingo, día 17 de enero. La medida persigue facilitar la recuperación de especies que se han desplazado a nuestro territorio desde Europa, con motivo del reciente temporal.
Medio Ambiente considera necesaria la medida dado que las especiales circunstancias meteorológicas que se han producido en fechas recientes en gran parte de Europa han ocasionado un gran desplazamiento de aves a las zonas costeras de la franja cantábrica, y en particular a Asturias. En esta situación, los ejemplares desplazados tienen mermadas sus facultades normales de defensa. Por ello, y dado que la Ley de Caza de 1989 y el Reglamento de caza del Principado recogen la posibilidad de prohibir la actividad cinegética si se dan determinadas circunstancias, desde la Consejería ya se ha ordenado publicar la notificación administrativa correspondiente con el fin de facilitar la recuperación de las especies afectadas.
Nota prensa de la Consejería de Medio Ambiente
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El Gobierno del Principado de Asturias no atiende a las demandas ecologistas contra la papelera CEASA - ENCE

Uno de los vertidos "lechosos" denunciados por los ecologistas en el Navia -Foto Coordinadora Ecoloxista d'Asturies-

La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies lamenta que el Gobierno del Principado no atienda el recurso presentado, hace más de 18 meses, contra la Autorización Ambiental Integrada de la factoría de Ceasa - Ence situada en Navia. Los ecologistas denuncian que el Principado "asume los impacto de un deficiente sistema productivo, sin apostar por exigir a las empresas las mejores técnicas disponibles en sus procesos, para contaminar menos y ser mas eficientes".

Nota de prensa de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies
Una vez mas el Principado mantiene la autorización ambiental, a pesar de que no esta acreditado la inocuidad del proceso de fabricación de pasta de papel. Nosotros entendemos que hay fuertes impactos que se van a generar en esta actividad por sus graves defectos productivos, que podríamos resumir en:
- Las emisiones a la atmósfera del complejo con un sistema digestor discontinuo que tiene la planta, que tiene numerosos núcleos habitados en los alrededores, algunos de ellos muy cerca, como Armental, a unos 100 m y a menos de 2 km. esta Navia. Con la última ampliación del proceso y la central térmica todo ello va producir un aumento de las emisiones a la atmósfera y de los olores, va a tener un impacto mucho mayor en la salud.
Las emisiones a la atmósfera de las fábricas de celulosa que como estas, incineran toneladas de residuos que quedan del proceso y son utilizados en la generación de energía, contienen productos químicos cancerígenos (fenoles clorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos y Compuestos Orgánicos Volátiles), compuestos de azufre oxidado que provocan daños en la vegetación, compuestos que provocan trastornos hormonales (como por ejemplo fenoles clorados), y compuestos de azufre reducido causantes del característico olor penetrante a “huevo podrido” que se convierte en un problema para los pobladores de los alrededores. Estudios epidemiológicos recientes han evidenciado posibles efectos en la salud como consecuencia de la exposición a estos compuestos a niveles comúnmente presentes en las proximidades de una planta de celulosa.
- Elevados consumos de agua potable y de la toma del río.
- Importantes vertidos a las aguas por una insuficiente depuración. Estos vertidos para lo que se viene utilizando un emisario submarino para enviar las aguas producto de su proceso industrial a varios cientos de metros mar adentro donde, se están vertiendo ingentes cantidades de contaminantes que no se degradan fácilmente y muchos son acumulables. Resultan sorprendentes los vertidos de: carbono orgánico, compuestos orgánicos halogenados, nitrógeno, fósforo y, en menor cantidad, algunos productos muy tóxicos (cromo, cobre, níquel, plomo, zinc).
- Producción de residuos, nos preocupa mucho la política de llevarlo todo a quemar a la térmica, por eso creemos que es preciso la reducción de la contaminación de suelos y una gestión diferente a la valorización por defecto que hacen ahora con gran parte de estos contaminantes que ahora mismo se producen que acaban en la atmósfera.
- El impacto asociado a esta fábrica que supone el abastecimiento de la madera de eucaliptos, que va a pasar a ser de 800.000 toneladas anuales, lo que implica miles de hectáreas que van a intentar que se produzcan cerca de donde se consumen y todos conocemos los importantes impactos que suponen las plantaciones de ocalitos:
a- Un aumento de incendios forestales al ser especies pirófilas.
b- Un cambio de método de producción más industrial, con un severo impacto y desplazamiento de otras actividades.
c- Acidificación extrema, con todo lo que ello implica para la estructura del suelo, para la microfauna y la flora.
d- Un descenso del nivel freático, que afecta a cauces de agua, pozos, fuentes y provoca la desecación de cultivos en las inmediaciones de las plantaciones.
e- Una pérdida sustancial de nutrientes, que deja empobrecidos a los suelos para un aprovechamiento posterior.
f- Un descenso en la biodiversidad de los ecosistemas, que “esteriliza” a las plantaciones de flora y fauna autóctona y de microorganismos en el suelo.
g- Una pérdida de suelo por erosión, que hace aflorar la roca en aquellas plantaciones que se realizan sobre terrenos inclinados.
h- Nos parece que la actual factoría con su ultima ampliación va a agravar la ya de por sí preocupante situación de contaminación en el concejo de Navia y aumentar los problemas que ya genera la masificación de las plantaciones de los ocalitos en el resto de Asturias.

Dede la Coordinadora Ecoloxista consideramos que una vez más el Gobierno del Principado, asume los impacto de un deficiente sistema productivo, sin apostar por exigir a las empresas las mejores técnicas disponibles en sus procesos, para contaminar menos y ser mas eficientes.
Coordinadora Ecoloxista d’Asturies

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Finalizan las IV Jornadas Jurídicas sobre Medio Ambiente y Urbanismo

La corrupción urbanística es la gran asignatura pendiente y la mayor amenza actual al estado de derecho

Nota de prensa del Gobierno del Principado de Asturias.
El Director General de Justicia, José Manuel Fernández, y la Directora del Instituto Adolfo Posada, Beatriz Martínez Gayoso, participaron en la clausura de las IV Jornadas Jurídicas sobre Medio Ambiente y Urbanismo, organizadas por la Dirección General de Justicia y el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, en colaboración del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Estas jornadas, que están dirigidas por el Presidente de la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Jesús María Chamorro, permitieron a mas de 300 profesionales de la Justicia procedentes de distintos puntos geográficos de España, profundizar en los criterios de la legislación existente en estas materias y especialmente en las últimas reformas realizadas.
A lo largo de tres días, prestigiosos juristas del ámbito autonómico, estatal y europeo realizaron un amplio repaso sobre distintos aspectos jurídicos, con especial atención a la figura de la “Evaluación Ambiental Estratégica”, un instrumento de protección del medio ambiente que permite integrar los aspectos ambientales en la aprobación de los planes y programas públicos relativos a infraestructuras, industria y ordenación urbanística.
El Director General de Justicia, José Manuel Fernández García, agradeció el interés mostrado por todas las personas participantes y se congratuló de la importancia que han ido adquiriendo estas Jornadas que “son un punto de referencia, dentro del ámbito Contencioso Administrativo, no sólo en Asturias, sino en todo el territorio nacional”.

El Gobierno se carga los informes de impacto ambiental

En este caso los gobiernos del PSOE tanto del Principado de Asturias, como del Reino de España, ya que hace falta cierta armonía política para poder quitarse de un plumazo, de Boletín Oficial, el trámite que debería ser obligado de informe de impacto ambiental. Hablo de los casos del nuevo puerto de San Juan de la Arena y del gasoducto Puerto de Gijón - Llanera. Los ecologistas estamos acostumbrados a oír a los empresarios y a los políticos, siempre los que gobiernan ya sean del PSOE o del PP, quejarse periódicamente de los trámites ambientales y de información pública que deben pasar los proyectos. Unos trámites que están pensados para evaluar los daños a la comunidad, a la naturaleza, poder minimizar los mismos y sobre todo dar una transparencia social a los proyectos. En los últimos años hemos visto un oscurecimiento de esa transparencia. La administración se vuelve cada vez más opaca, aunque lo intente disimular con Internet. Se utilizan atajos legales. Algunos proyectos, como la central térmica de ESBI Nubledo, huelen a guiso precocinado en alguna sidrería del centro de Oviedo. Ya sé que es una afirmación arriesgada; pero hay motivos. No llego a comprender la tranquilidad de ejecutivos y políticos, las fotos sonrientes y el alegre marcaje de plazos ultra rápidos, cuando aún faltan pasara muchos trámites y cuando hablamos de un proyecto de enorme envergadura de de mayor impacto ambiental y social. Más aún cuando nos llegan noticias de otras comunidades autónomas, más desarrolladas (no me hagan sacar las cifras), donde proyectos de centrales térmicas de menor envergadura enfrentan a políticos y empresarios, de las mismas empresas y partidos que aquí. ¿Qué hubiera ocurrido con los dos proyectos citados si los gobiernos de Asturias y Madrid hubiesen sido distintos?. ¿Pasaría como está pasando con la incineradora de Alcalá de Henares o la térmica de de Morata en Madrid o la térmica de Viesgo en Cantabria?

La Evaluación Ambiental Integrada en la ton, ton, tómbola ambiental

Nueva polémica sobre las Evaluaciones Ambientales Integradas un complejo procedimiento que la administración del Principado ha ventilado en un tiempo record, “muy por encima de la media nacional”, según declaró la Consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández. Tanta eficacia en un tema tan complejo y con unas empresas como las asturianas con un largo historial de incumplimientos ha hecho surgir las dudas en algunos sectores. El diputado y portavoz en el Parlamento asturiano por IU-BA-Verdes, Francisco Javier García Valledor, declaró que “Tenemos indicios de dejación y chapuza en la concesión de las Autorizaciones Ambientales Integradas.”
Desde el ecologismo tampoco tenemos muchas esperanzas. La Coordinadora Ecologista ya denunció la situación a finales del año pasado. Además teniendo en cuenta como funcionan otros procedimientos ambientales como el caso de las alegaciones a las Evaluaciones de Impacto Ambiental, cuando las hay y las empresas no se escaquean por medio de "atajos legales". O si vemos como sobreviven las Agendas XXI, que se parecen a las vírgenes que dormitan olvidadas en una esquina de la iglesia hasta que el pueblo las saca en procesión cuando hay sequía. En este caso los ayuntamientos y el Principado se acuerdan de las Agendas XXI cuando truenan fechas especiales o cuando hay que hacerse una foto "verde" ante los medios. Por no hablar del cumplimiento de los planes de vigilancia ambiental, que cita la consejera en su nota y que no son nuevos ya que las grandes obras públicas los tienen en el papel y para los amigos, ya que a vecinos y organizaciones ecologistas ni se nos recibe, ni se nos informa, ni se tiene en cuenta nuestras consideraciones. Todo un complejo entramado de normativas que conforman una tómbola ambiental a la medida de la administración y las empresas, donde las organizaciones sociales y vecinales son excluidas o reducidas a una participación simbólica.
De esta forma se crea una inseguridad que termina cuando las polémicas son insostenibles y acaban estallando o en los medios de comunicación o, desde ahora, en instancias superiores. Porque lo que si cambia es que la Consejería de Medio Ambiente al otorgar estas “Etiquetas Verdes”, también tendrá parte de responsabilidad en los incumplimientos y problemas que las empresas generen. La Consejera de Medio Ambiente puede que haya presentado los deberes a tiempo; pero ¿Será capaz de aprobar el examen?