El Gobierno se carga los informes de impacto ambiental

En este caso los gobiernos del PSOE tanto del Principado de Asturias, como del Reino de España, ya que hace falta cierta armonía política para poder quitarse de un plumazo, de Boletín Oficial, el trámite que debería ser obligado de informe de impacto ambiental. Hablo de los casos del nuevo puerto de San Juan de la Arena y del gasoducto Puerto de Gijón - Llanera. Los ecologistas estamos acostumbrados a oír a los empresarios y a los políticos, siempre los que gobiernan ya sean del PSOE o del PP, quejarse periódicamente de los trámites ambientales y de información pública que deben pasar los proyectos. Unos trámites que están pensados para evaluar los daños a la comunidad, a la naturaleza, poder minimizar los mismos y sobre todo dar una transparencia social a los proyectos. En los últimos años hemos visto un oscurecimiento de esa transparencia. La administración se vuelve cada vez más opaca, aunque lo intente disimular con Internet. Se utilizan atajos legales. Algunos proyectos, como la central térmica de ESBI Nubledo, huelen a guiso precocinado en alguna sidrería del centro de Oviedo. Ya sé que es una afirmación arriesgada; pero hay motivos. No llego a comprender la tranquilidad de ejecutivos y políticos, las fotos sonrientes y el alegre marcaje de plazos ultra rápidos, cuando aún faltan pasara muchos trámites y cuando hablamos de un proyecto de enorme envergadura de de mayor impacto ambiental y social. Más aún cuando nos llegan noticias de otras comunidades autónomas, más desarrolladas (no me hagan sacar las cifras), donde proyectos de centrales térmicas de menor envergadura enfrentan a políticos y empresarios, de las mismas empresas y partidos que aquí. ¿Qué hubiera ocurrido con los dos proyectos citados si los gobiernos de Asturias y Madrid hubiesen sido distintos?. ¿Pasaría como está pasando con la incineradora de Alcalá de Henares o la térmica de de Morata en Madrid o la térmica de Viesgo en Cantabria?
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