El Ayuntamiento de Xixón se sumará al apagón convocado por colectivos sociales y organizaciones sindicales el miércoles 21 de diciembre de 19:00 a 20:00 horas. La propuesta #NoMasCortesDeLuz ha sido llevada al Consistorio por Xixón Sí Puede (XsP) y la primera intención era presentarla como declaración institucional en el pasado Pleno de diciembre. La oposición del PP, a pesar del apoyo del resto de los grupos municipales, impidió que esto fuera así.
Por lo tanto, XsP ha propuesto de momento el respaldo del Ayuntamiento a la protesta de este miércoles, que se efectúa con el objetivo de llamar la atención sobre la necesidad de poner todos los medios y medidas a nivel político para luchar contra la pobreza energética. De otra manera, XsP plantea llevar al Pleno la propuesta para instar al Gobierno de España a que apruebe medidas que garanticen el acceso al suministro eléctrico entendido como parte inalienable del derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada, tal como se recoge en el artículo 47 de la Constitución española.
La necesidad de actuar en esta materia es evidente: 7 millones de personas tienen dificultades para pagar la factura de la luz y más de 5 millones se quedarán sin calefacción durante este invierno. Un problema en el que tienen gran parte de responsabilidad los aumentos indiscriminados de las tarifas de luz: sólo en los últimos seis meses el recibo se encareció un 25%, mientras que las tres mayores eléctricas se han embolsado más de 56.000 millones de beneficios desde el inicio de la crisis.
En la propuesta que XsP prevé llevar al Pleno, también se solicita que se establezca la prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. Para ello, las eléctricas deberán dirigirse a la administración y comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. En el caso de que sufran vulnerabilidad económica no estaría permitido cortarles el suministro y el coste sería asumido por las compañías.
Igualmente, se pide el fin de los abusos tarifarios. El método sería aprobar una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrían acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia. También se pide la creación de una auténtica tarifa social en sustitución del actual bono social. Se trataría de una tarifa reducida dirigida a las familias con bajos niveles de renta sufragada por las eléctricas. Todo ello aplicando un tipo de IVA reducido a la electricidad, por ser considerado un servicio esencial a la ciudadanía.
Por otra parte, se demanda el reconocimiento y la devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones que cobraron indebidamente en concepto de Costes de Transición a la Competencia. Esto iría unido a una auditoría al sistema eléctrico y un análisis de los costes reales del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas.
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