El pasado mes de febrero el Tribunal Supremo confirmó la sentencia que declaraba ilegal la construcción de la regasificadora del Musel, fruto de la denuncia efectuada por Los Verdes de Asturias, ahora integrados en EQUO. Entonces, al igual que ahora, pedimos que se procediera a la demolición de una instalación que se construyó de forma ilegal y que ha costado a la ciudadanía la friolera de 380 millones de euros. Igualmente, pedimos que se aclaren las cantidades pagadas a ENAGAS en concepto de costes de mantenimiento para que esta empresa proceda a su devolución, tal y como figura en la sentencia. Si son ciertas las cifras propuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, resultaría que esta empresa, en cuyo consejo de administración se han sentado conocidos miembros del PSOE, ha cobrado unos 14000 millones de euros de dinero público por una instalación inútil y que nunca entrará en funcionamiento.
Ya con la conferencia COP22 de Marrakech iniciada, en la que tienen que plasmarse en compromisos concretos los acuerdos adoptados en la Conferencia sobre el Cambio Climático de París, resulta escandaloso que el Gobierno español siga beneficiando a empresas como ENAGAS, empeñadas en un modelo energético basado en los combustibles fósiles en lugar de impulsar la imparable transición a las energías limpias en las que nuestro país fue protagonista destacado.
El expresidente asturiano y actual senador Vicente Alvarez Areces tiene que asumir su responsabilidad por haber autorizado la construcción de la regasificadora a sabiendas de que no cumplía la ley y dimitir. No puede ser que una decisión con consecuencias tan nefastas para la ciudadanía quede sin consecuencias a nivel político, con el consiguiente mensaje de impunidad en una sociedad carcomida por los continuos escándalos de corrupción.
-Fuente: Nota de prensa de EQUO.
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