La portavoz de FORO Gozón, Patricia González, ha anunciado que su grupo municipal ha presentado una moción para instar al Ayuntamiento de Gozón a presentar alegaciones contra la macroincineradora de COGERSA que la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, pretende imponer, sin haber escuchado las alegaciones y aportaciones de los ayuntamientos, en un radio muy cercano al concejo de Gozón, “con el consiguiente perjuicio contra el medio ambiente que esto conlleva para nuestros vecinos”, y contra el incremento estimado de más de un 400% en el recibo de la recogida de basura.
“En FORO Gozón nos negamos a ser cómplices silenciosos de las artimañas socialistas y nos negamos a que la autonomía municipal que constitucionalmente tienen otorgadas las corporaciones locales sean arrebata de un plumazo por los socialistas asturianos”, añade González, que denuncia que "Belén Fernández, consejera de las irregularidades, no se acuerda de Gozón en los presupuestos, pero sí para ser contaminados por la macroincineradora de los socialistas".
La portavoz recuerda que la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, llevó a cabo la contratación para la elaboración del nuevo Plan de Residuos mediante procedimiento de urgencia, sin cumplirse las premisas y en pleno mes de agosto, con una fiesta nacional por medio, concediendo a los licitadores tan solo 8 días naturales para la presentación de las ofertas, “vulnerando así, las normas elementales de transparencia y concurrencia”.
González añade que más tarde se presentó un documento ambiental inicial para formular consultas previas del Plan de Residuos de Asturias, antes de que dicho Plan de residuos hubiese sido adjudicado, y “donde se aportaba un supuesto índice vago, ambiguo e inconcreto que nada tenía que ver con un Plan de Residuos”.
Por último, la portavoz destaca que el pasado 19 de febrero se presentó en la Junta de COGERSA, el Plan de Residuos, sin haber hecho la Consulta previa a los Ayuntamientos, lo que supone una vulneración de los artículos 137 y 140, de la Constitución Española, así como la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y de la Ley de Procedimiento Administrativo, habiéndose por tanto despreciado la autonomía municipal y el Principio de cooperación entre administraciones.
“Estamos por tanto ante un Plan de Residuos que nace viciado al no cumplir la normativa medio ambiental y que se tramita de espaldas a sus verdaderos patronos, los ayuntamientos, que son quienes se pretende sufraguen el aumento en más de un 400% de la tasa de recogida de residuos”, destaca Patricia González.
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